VivaGym y Basic-Fit marcan el ritmo de las fusiones corporativas

Mujer entrenando con pesas en un gimnasio junto a los logos de VivaGym y Basic-Fit, dos de las cadenas que protagonizan las fusiones en el sector de instalaciones deportivas y gimnasios en España.

Las empresas que lideran el sector están acelerando las compras de gimnasios y transformando esta industria en España. Firmas como VivaGym, David Lloyd y Basic-Fit están moviendo ficha y adquiriendo cadenas más pequeñas a ritmo de vértigo. Como consecuencia de todos estas fusiones y absorciones empresariales, la estructura tradicional del mercado de los gimnasios y las instalaciones deportivas de nuestro país se está viendo profundamente alterada.

VivaGym, propiedad del fondo Providence Equity Partners, es la cadena de gimnasios que más operaciones ha realizado en lo que va de año. La más relevante tuvo lugar en abril, con la adquisición de Synergym, pero no ha sido la única. Esta compañía, liderada por Cristina Burzako, se afianza como el principal motor de consolidación del mercado ibérico con cerca de 300 centros en España y Portugal.

Estas operaciones empresariales tienen, a priori, un impacto profundo en las condiciones de trabajo de la plantilla, ya que los fondos inversores priorizan el volumen de negocio frente a la estabilidad laboral. Por este motivo, las plantillas afrontan en muchas ocasiones recortes de personal y cambios bruscos en los turnos. Esta modificación tanto del número de actores como del escenario en el que operan exige negociar y afianzar los convenios colectivos para que los profesionales del sector no pierdan poder adquisitivo.

Controlar decenas de centros bajo unas pocas multinacionales genera incertidumbre. Desde UGT Deportes advertimos que estas absorciones millonarias traen peores ratios de alumnos por entrenador y contratos más precarios. Los trabajadores asumen más carga lectiva sin mejoras salariales proporcionales.

Concentrar el mercado reduce las opciones de empleo y presiona las condiciones laborales a la baja. Las empresas imponen políticas de ajuste para amortizar sus inversiones. Proteger los derechos adquiridos requiere vigilar cada traspaso de titularidad y blindar los contratos actuales.

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