UGT Cultura respalda la decisión del Comité Intercentros de Televisión Pública de Canarias (TVPC) de solicitar que se reconsiderase la participación del responsable de EZ Property Solutions en un debate sobre vivienda del programa La Retranca. Una petición coherente con los principios de rigor, responsabilidad y servicio a la ciudadanía que deben regir cualquier medio público.
La pluralidad es un principio esencial de toda sociedad democrática y una obligación de los medios públicos. Sin embargo, garantizar la presencia de opiniones diferentes no significa convertir cualquier conducta o perfil en un interlocutor legitimado. Existe una diferencia sustancial entre informar sobre un fenómeno social, investigarlo o entrevistar a sus protagonistas y otorgarles un espacio desde el que puedan normalizar determinadas formas de actuación.
Según la información publicada por Canarias Ahora, el invitado había sido detenido por presuntas coacciones y amenazas a agentes de la Guardia Civil y tenía prohibido cautelarmente acceder al núcleo de San Isidro, en Granadilla de Abona, en el marco de unas diligencias relacionadas con presuntas amenazas y coacciones. Todo ello debe abordarse respetando escrupulosamente la presunción de inocencia y el estado procesal de cada procedimiento.
No obstante, los servicios públicos de comunicación no están para amplificar conductas intimidatorias, la confrontación o la imposición por la fuerza como supuestas vías para resolver conflictos sociales. Darles una plataforma sin el contexto y el tratamiento periodístico adecuados puede contribuir a normalizarlas y generar patrones de imitación social, especialmente cuando quienes las protagonizan son presentados como referentes válidos dentro de un debate público.
UGT Cultura comparte la preocupación expresada por la representación de las personas trabajadoras de TVPC y recuerda que la radiotelevisión pública debe actuar de acuerdo con los principios de pluralismo, veracidad y calidad del servicio público. La libertad editorial y la pluralidad deben ejercerse con responsabilidad, sin convertir el espacio público en altavoz de prácticas incompatibles con la convivencia democrática.
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