La reciente propuesta del partido político portugués Chega de privatizar la Rádio e Televisão de Portugal (RTP) ha encendido las alarmas en el sector de la comunicación. Con el argumento de unos costes supuestamente insostenibles, esta iniciativa plantea un cambio drástico en el modelo de radiodifusión pública del país vecino.
La radio y la televisión públicas son pilares irrenunciables de la democracia. Garantizan información veraz, plural y al servicio de la ciudadanía, no de los intereses del mercado. En un contexto global de desinformación, su papel es más vital que nunca, tal como reconoce la Ley de Libertad de Medios de la Unión Europea, que las protege explícitamente como garantes del debate democrático y la cohesión social.
Sin embargo, este patrimonio común enfrenta un ataque coordinado, del que nuestro país vecino se ha convertido en su último exponente. La llamada a la «austeridad» esconde medidas para deslegitimar la labor de la Rádio e Televisão de Portugal (RTP) , a la que se acusa de sesgo ideológico para justificar su desmantelamiento y eventual privatización.
Un ataque orquestado en toda Europa
Este patrón se repite en toda la Unión Europea:
- En España, la RTVE sufre una crónica infradotación y disputas por su gobernanza.
- En Hungría, el gobierno ha intervenido y desfinanciado medios públicos para convertirlos en altavoces del régimen.
- En Italia, la RAI enfrenta constantes presiones de la coalición de derecha para controlar su línea editorial.
- En Eslovaquia, se impulsan leyes para disolver la radiodifusión pública (RTVS)
- En Eslovenia se intentó reformar la RTV para nombrar a dedo a sus directivos, provocando una grave crisis institucional.
Las tácticas utilizadas están orquestadas y siguen un guión calcado. Primero se exigen auditorías agresivas no para mejorar la gestión, sino para criminalizar la labor informativa. A esto le siguen recortes presupuestarios drásticos y la congelación de los presupuestos, asfixiando financieramente a las cadenas hasta hacerlas inviables y «justificar» así su venta al sector privado.
Desde UGT Cultura recalcamos que la radio y la televisión pública no existen maximizar el beneficio social, cultural, informativo y democrático de la ciudadanía. Requieren vías de financiación estables para garantizar la información independiente, veraz y la pluralidad. Ante este tipo de presiones económicas orientadas a la venta de activos estatales, subrayamos que el modelo público blinda el acceso universal a la información y mantiene empleo estable y cualificado en el sector audiovisual.
Frente a esta ofensiva, la Ley de Medios y las normativas nacionales deben blindar la independencia editorial y financiera de estos organismos. La radio y la televisión públicas son un servicio esencial que humaniza y acerca la información y garantiza nuestro derecho a saber.
Permitir que se las ahogue con recortes no es una medida económica, sino un ataque a la libertad de una sociedad informada.
Toda la información en este enlace.
