La radiotelevisión pública valenciana enfrenta una crisis profunda tras la anulación judicial de sus pruebas selectivas, lo que pone en riesgo la estabilidad de cientos de trabajadores.
La situación laboral en À Punt ha llegado a un punto crítico. El Consejo de Administración ha aprobado la anulación del proceso de oposiciones convocado en marzo de 2023, sumándose a las sentencias de diciembre de 2025 que invalidaron las dos primeras fases (143 plazas). Esta parálisis judicial detiene la consolidación de la plantilla interina, prolongando una inestabilidad que los profesionales arrastran desde hace años.
El contraste en el sector: RTVE sí avanza
Frente al bloqueo en la Comunidad Valenciana, la radiotelevisión estatal RTVE demuestra que la consolidación del empleo público es posible mediante una gestión eficiente e interlocución social, liderada por UGT como sindicato mayoritario. La reciente aprobación de 869 plazas en RTVE confirma que, bajo el mismo marco legal, una dirección responsable puede blindar el empleo y evitar el caos administrativo que hoy asfixia a À Punt.
Responsabilidades y exigencias sindicales
El colapso actual es responsabilidad directa de la Dirección de À Punt y la Administración, cuya incapacidad para cumplir los plazos del Estatuto Básico del Empleado Público ha provocado la caducidad del proceso. Ante este escenario, UGT exige un concurso de méritos que reconozca la experiencia de los profesionales que sostienen el servicio público a diario.
Esta deficiente gestión administrativa amenaza la calidad del servicio público. La plantilla, a pesar de su veteranía, enfrenta el riesgo de perder sus puestos. Además, esta crisis coincide con un contexto de recortes y denuncias de manipulación informativa, evocando los precedentes que derivaron en la degradación de la antigua Canal Nou.
Llamada a la acción
Desde UGT Audiovisuales exigimos a la Dirección una solución inmediata. Es urgente garantizar los derechos de los trabajadores para asegurar una información veraz, plural y de calidad. Solo una plantilla estable y profesional puede ofrecer el servicio que la ciudadanía valenciana merece.
Es imperativo abrir una mesa de diálogo para diseñar un proceso de consolidación justo y blindado jurídicamente. El futuro de À Punt como herramienta de cohesión social depende del reconocimiento de sus profesionales. La incertidumbre debe cesar; la responsabilidad de resolver este caos recae sobre quienes lo provocaron.
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