El debate sobre la regulación de los grupos de interés y de los profesionales de los asuntos públicos vuelve a cobrar protagonismo. Tras varios años de intentos fallidos y bloqueos parlamentarios, el sector de la comunicación corporativa e institucional vislumbra la posible aprobación de la esperada Ley del Lobby durante este mismo verano.
El proyecto define qué es un grupo de interés y cuáles son sus actividades de influencia, crea un registro público y obligatorio de ‘lobbies’ y establece un código de conducta, con su correspondiente régimen sancionador. Además, exige la trazabilidad de la influencia en cuestiones clave como las iniciativas legislativas, que deberían incorporar lo que se denomina una “huella”, un informe en el que quedarían reflejadas las aportaciones recibidas durante su tramitación y las modificaciones introducidas a partir de ellas.
Para UGT Cultura una regulación de los ‘lobbies’ puede aportar mayor transparencia a la toma de decisiones públicas. La publicación de reuniones, agendas e influencias permitiría conocer mejor qué actores participan en la elaboración de normas laborales, económicas o sociales y en qué medida influyen en ellas.
Nuestra posición defiende que el ‘lobby’ es una actividad legítima y necesaria en una democracia, siempre que exista transparencia. De hecho, reclaman desde hace años una regulación clara que diferencie la representación de intereses o la intermediación del tráfico de influencias.
Los beneficios de contar con una regulación clara de la actividad de los grupos de interés serían muy relevantes tanto para la sociedad como para la calidad democrática. Por un lado, contribuiría a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a prevenir posibles casos de corrupción o tráfico de influencias. Por otro, garantizaría que la participación en la elaboración de las políticas públicas no quede reservada a los actores con mayor capacidad económica.
Si las reglas son transparentes y accesibles para todos, sindicatos, organizaciones sociales, asociaciones de consumidores, entidades vecinales y colectivos ciudadanos podrán trasladar sus propuestas en igualdad de condiciones y con las mismas garantías que cualquier otro grupo de interés. En definitiva, una ley del lobby bien diseñada puede ayudar a construir procesos de decisión más abiertos, transparentes y representativos del conjunto de la sociedad.
