La visita de evaluación de la delegación de Libertad de Expresión y Medios del Comité Económico y Social Europeo (CESE) a España, que tuvo lugar el pasado 26 de octubre, sirvió de escenario para que el sector periodístico y sindical expusiera un diagnóstico claro sobre el estado de la libertad de información en nuestro país.
Durante los encuentros con la delegación comunitaria, los representantes del ámbito laboral y social coincidieron en una premisa fundamental: la salud de la democracia depende directamente de las condiciones laborales y de la independencia de quienes ejercen el periodismo a diario.
Precariedad, una nueva forma de censura previa
Desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores situamos la vulnerabilidad económica en el centro del debate y denunciamos que la precariedad laboral constituye la forma más silenciosa y efectiva de censura previa.
En este sentido, denunciamos la acusada pérdida de poder adquisitivo sufrida por el sector —que supera el 12% tras años de congelación salarial— y el preocupante escenario de los profesionales autónomos, con tarifas de apenas 15 a 50 euros por pieza web o 20 euros en medios locales. Estas condiciones asfixian la independencia de los profesionales del sector.
Demandas alineadas con las recomendaciones europeas
Estas peticiones se alinean de manera directa con las directrices de la Unión Europea, en particular con la Recomendación (UE) 2021/1534 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2021, relativa a la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la UE.
En dicha norma se subraya expresamente que el deterioro de las condiciones de trabajo y la precariedad económica, especialmente acusada en el empleo atípico y entre los profesionales independientes, comprometen la libertad de información y la calidad periodística.
Por ello, nuestras reivindicaciones en favor de un empleo estable y unas condiciones laborales apropiadas resultan fundamentales para hacer efectivas las propuestas europeas en materia de protección social y resiliencia del sector.
Nos posicionamos contra las injerencias políticas
En el ámbito de los medios públicos, hicimos especial hincapié en el deterioro de la gobernanza y los intentos de injerencia política. Más allá de la situación de RTVE y su mandato marco caducado desde hace más de una década, se defendió que el servicio público esencial de RTVE no debe permitir bajo ningún concepto que existan ciudadanos de primera y de segunda, por lo que ha de garantizar que la información sea plenamente accesible a toda la ciudadanía.
Asimismo, se puso el foco en la preocupante realidad de las radiotelevisiones autonómicas. Colectivos como Defende A Galega en la RTVG gallega han denunciado represalias por rechazar manipulaciones, mientras que en la RTVA andaluza se alertó sobre el uso de «redacciones paralelas» y sesgos gubernamentales que desvirtúan el servicio público.
A estas denuncias laborales se sumaron las aportaciones de organizaciones como Access Info y diversas federaciones de periodistas, que reclamaron reformas legislativas urgentes para garantizar el derecho a la información. Entre los principales obstáculos señalados destacan los siguientes:
- Ley Mordaza y Código Penal: La persistencia de la Ley de Seguridad Ciudadana y de los delitos de opinión.
- Ley de Transparencia: La necesidad de actualizar la norma de 2013 para reconocer el acceso a la información como un derecho fundamental.
- Secretos Oficiales: La sustitución de la obsoleta ley de 1968 por un marco moderno que impida la clasificación indefinida de documentos públicos.
Presión judicial y violencia contra periodistas
La falta de transparencia en el reparto de la publicidad institucional y la presión judicial también centraron el debate. Entidades editoriales como CLABE exigieron criterios objetivos y no discriminatorios en el uso del dinero público para evitar que se utilice como premio o castigo a líneas editoriales. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras y asociaciones de prensa alertaron sobre el auge de las demandas abusivas (SLAPP) orientadas a asfixiar a periodistas independientes, el veto a medios en actos oficiales y las comparecencias públicas sin turno de preguntas.
El encuentro sirvió, además, para visibilizar el impacto de la violencia y la intolerancia contra los profesionales de los medios. Se denunció el aumento de las agresiones físicas en la calle y del ciberacoso orquestado en redes sociales, un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a las mujeres periodistas. Asimismo, Reporteros Sin Fronteras puso de relieve la situación de los profesionales de la información latinoamericanos exiliados en España, quienes buscan refugio huyendo de dictaduras, el narcotráfico y el crimen organizado.
Inteligencia Artificial y nuevos modelos de negocio
Ante los avances tecnológicos, UGT y diversos colectivos advirtieron sobre los riesgos de una automatización desregulada y el uso abusivo de la Inteligencia Artificial para sustituir puestos de trabajo o generar contenidos automatizados.
En cuanto a los modelos de negocio, UGT defendió la preservación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) como un servicio de información gratuito y en abierto, que evita muros de pago que dividan a la sociedad entre ciudadanos de primera con acceso a noticias verificadas y personas expuestas a la desinformación.
Como conclusión de la jornada, UGT trasladó tres propuestas concretas para el informe final del CESE:
- Indicador Democrático Laboral: Creación de una herramienta para medir el impacto de la precariedad en la libertad de prensa.
- Publicidad institucional condicionada: Vinculación de los fondos públicos al cumplimiento de los convenios colectivos.
- Reglamento Europeo: Aplicación urgente del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios (EMFA).
Contenido redactado con asistencia de inteligencia artificial y revisión humana.
