Durante el mandato de Jair Bolsonaro, la Agencia Brasileña de Inteligencia utilizó el sistema FirstMile para efectuar más de 60.000 consultas de localización sobre miles de teléfonos sin autorización judicial. Entre los objetivos figuraban al menos 13 periodistas. Los agentes podían conocer sus movimientos y clasificar su orientación política mientras investigaban asuntos de interés público.
Para UGT Cultura, este caso demuestra que la vigilancia digital no solo amenaza la libertad de prensa: constituye un riesgo laboral que afecta a la seguridad, la salud mental y la autonomía profesional. Las empresas deben incorporarlo a la prevención de riesgos y facilitar formación, medios seguros y asistencia jurídica y psicológica a sus plantillas.
Brasil no es una excepción. El informe Hacked Silence: Journalists and Surveillance, encargado por la Federación Internacional de Periodistas, documenta el uso de programas como Pegasus, Predator, Graphite o FinFisher en diez países.
En El Salvador fueron intervenidos los teléfonos de 22 profesionales de El Faro, más de dos tercios de su plantilla. México acumula numerosos casos contra periodistas y activistas; Serbia ha vigilado a profesionales que cubrían protestas; y Kenia y Jordania también aparecen vinculadas a ataques contra informadores y sociedad civil.
Aunque el estudio no analiza España, resulta especialmente preocupante que estas prácticas alcancen democracias europeas cercanas. En Italia, los teléfonos de los periodistas Francesco Cancellato y Ciro Pellegrino presentaron rastros de Graphite. Ambos habían participado en investigaciones sobre redes de extrema derecha y corrupción. El caso provocó investigaciones judiciales y llevó al Gobierno italiano a cancelar su contrato con Paragon en 2025.
Consecuencias para el ejercicio del periodismo
La vigilancia puede obligar a los profesionales a:
- abandonar investigaciones sensibles;
- interrumpir el contacto con fuentes;
- modificar sus sistemas de comunicación;
- dedicar recursos a proteger dispositivos y documentos;
- trasladar parte de su actividad;
- recurrir a la autocensura.
El impacto resulta aún mayor entre autónomos y personas en situación precaria, que suelen carecer de apoyo tecnológico y jurídico. Además, mujeres, personas LGTBIQ+ y profesionales de minorías sufren con más frecuencia vigilancia, acoso y difusión de datos personales.
UGT Cultura reclama protocolos de prevención y respuesta, protección reforzada de fuentes y comunicaciones sindicales y profesionales, y participación de la representación legal de las plantillas en cualquier sistema de monitorización. La seguridad digital debe formar parte del derecho a trabajar con libertad, seguridad y protección.
Contenido redactado con asistencia de inteligencia artificial y revisión humana
