El sindicato defiende la investigación rigurosa, la protección de las fuentes y el derecho de la ciudadanía a recibir información de interés público
La Agrupación de Periodistas de UGT expresa su preocupación por la querella presentada por Julio Iglesias contra elDiario.es, su director, Ignacio Escolar, y cuatro periodistas del medio tras la publicación de una investigación basada en los testimonios de varias extrabajadoras del cantante.
Desde la AGP-UGT queremos dejar claro que no nos corresponde determinar si los hechos denunciados son ciertos ni pronunciarnos sobre la posible responsabilidad de Julio Iglesias. Esa tarea compete exclusivamente a los tribunales y debe desarrollarse respetando tanto los derechos de las denunciantes como la presunción de inocencia del artista.
Nuestra responsabilidad como organización sindical es defender el derecho de los periodistas a investigar y publicar informaciones relevantes cuando trabajan con rigor, contraste y respeto a las normas deontológicas.
Investigar durante un periodo prolongado, consultar numerosas fuentes, comprobar documentos, ofrecer a la persona afectada la posibilidad de responder y someter las informaciones a revisión jurídica forman parte del periodismo responsable. No pueden presentarse por sí mismas como presuntas conductas delictivas.
También es habitual proteger la identidad de fuentes vulnerables mediante nombres ficticios, ocultación de imágenes o doblaje de voces. Estas medidas no convierten automáticamente un testimonio en falso, sino que buscan evitar posibles represalias laborales, económicas o personales. Sin protección de las fuentes, muchas informaciones de interés público nunca llegarían a conocerse.
Posible efecto mordaza
La Agrupación de Periodistas de UGT considera que esta querella debe analizarse con especial atención por su posible efecto intimidatorio. Las llamadas demandas mordaza o SLAPP pueden utilizarse para desgastar económica y profesionalmente a periodistas y medios, generar autocensura o desanimar futuras investigaciones.
No afirmamos que esta acción judicial sea jurídicamente una SLAPP. Sin embargo, la capacidad económica y notoriedad del querellante, la reclamación de una elevada indemnización y la acción simultánea contra el medio, su director y varios periodistas justifican que los tribunales examinen cuidadosamente sus circunstancias y consecuencias.
La Unión Europea ha aprobado normas para proteger a periodistas y otras personas que participan en asuntos de interés público frente a procedimientos judiciales abusivos. Aunque este marco se dirige principalmente al ámbito civil, sus principios deben servir para evitar que la Justicia pueda utilizarse como instrumento de intimidación.
Informar sobre acusaciones no equivale a declararlas probadas. Defender la libertad de prensa tampoco significa justificar la mentira o la difamación. Significa garantizar que los periodistas puedan investigar con responsabilidad sin que el coste de hacerlo sea una amenaza destinada a silenciarlos.
La AGP-UGT manifiesta su solidaridad con los profesionales afectados y reitera su defensa de la libertad de información, el secreto profesional, la protección de las fuentes y el derecho de la ciudadanía a conocer hechos de interés público.
