El consejo de administración de ADM ha suspendido temporalmente de sus funciones a su director general, Gustavo Fuentes, tras haber sido imputado por presuntos delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. El procedimiento penal, instruido por un Juzgado de Violencia sobre la Mujer, investiga hechos que atentan directamente contra la integridad y la seguridad de las trabajadoras, tal y como informa elDiario.es.
Desde UGT Cultura consideramos inadmisible cualquier tipo de impunidad y exigimos que se depuren responsabilidades de forma ejemplarizante. Mantenemos una vigilancia constante sobre el sector audiovisual para erradicar estos comportamientos. Por ello, insistimos en una medida fundamental: cuando las televisiones y entidades públicas liciten con terceros, deben garantizar el cumplimiento escrupuloso de los planes de igualdad y de salud laboral por parte de dichas subcontratas.
En el caso del Grupo ADM, para complementar sus acciones de inclusión, la empresa había instaurado un Protocolo frente al Acoso por Razón de Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género. Este se sumaba al ya existente Protocolo frente al Acoso Sexual y por Razón de Género, buscando proporcionar una mayor cobertura y asegurar un entorno de trabajo respetuoso. Sin embargo, a la luz de los hechos, es evidente que no han funcionado y exigimos que se esclarezcan las causas de este fallo en la prevención.
Tal y como denuncia infoLibre en su reciente análisis, estas herramientas se convierten en «papel mojado» si se limitan a existir sobre el papel. La mera presencia de un protocolo es insuficiente si no va acompañada de formación real, comités de denuncia accesibles y una plantilla informada. El deber de las empresas pasa por evaluar verdaderamente el riesgo de violencia sexual al que se exponen las trabajadoras, no por mirar hacia otro lado.
En este sentido, valoramos positivamente el compromiso de tolerancia cero frente a cualquier conducta de acoso, violencia o contraria a la igualdad que ha manifestado la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) en un comunicado, pero recordamos que las declaraciones públicas deben traducirse en una fiscalización y control reales.
A esta denuncia pública se han sumado organizaciones profesionales como la Agrupación de Periodistas de UGT que “defiende el derecho de todas las personas a desarrollar su trabajo en espacios seguros, libres de cualquier forma de violencia, acoso o discriminación, o la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), mostrando su total respaldo a la profesional afectada. Desde nuestro sindicato compartimos plenamente su mensaje: destacamos la enorme valentía de la compañera al dar este paso —respaldado además por declaraciones juradas de extrabajadores— y animamos a quienes puedan estar sufriendo situaciones similares a no callar. La dignidad y la seguridad personal siempre deben estar por encima del miedo a las represalias o a la precariedad laboral.
Solo actuando con firmeza, y apoyándonos en la presión de las plantillas —la herramienta más eficaz para frenar estos abusos—, será posible defender lo que denominamos “Cultura con Garantías”. Necesitamos construir un sector cultural y creativo que priorice los derechos laborales, la transparencia y la sostenibilidad. Para lograrlo, la financiación pública debe estar condicionada inexcusablemente al cumplimiento de la normativa y posicionarse de forma frontal contra cualquier tipo de discriminación y acoso.
