El 12 de marzo de 2018 UGT presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al entender que la empresa Forus (antes Homsa) no estaba aplicando a sus trabajadores el convenio colectivo que procedía. La ITSS de Zaragoza compartió el criterio de UGT y levantó acta de infracción y de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por un importe de 245.000 euros.
Pese a ello, la empresa sigue sin aplicar a los trabajadores el convenio colectivo de la provincia de Zaragoza de locales de espectáculos y deportes, ya que sigue aplicando, en fraude de Ley, el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios, que contiene condiciones salariales y sociales mucho peores que el convenio colectivo provincial.
La empresa Forus, que gestiona en Zaragoza actividades deportivas en dos instalaciones deportivas municipales, ha recurrido por la vía judicial el acta de infracción y liquidación de cuotas a la Seguridad Social y para ello se ha fijado la vista para enero de 2022, a lo que UGT ha respondido interponiendo contra Forus una demanda judicial por la que se insta a que los juzgados de lo social coincidan con el criterio del sindicato y de la ITSS.
Escrito dirigido a los trabajadores y trabajadoras de Forus
UGT presentó denuncia el 12 de marzo de 2018 ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, antes siquiera de que eligierais delegados de personal, en la que se instaba a que se reconociera como de aplicación a los trabajadores el convenio colectivo de locales de espectáculos y deportes de la provincia de Zaragoza, y no el que os aplican, el de instalaciones deportivas y gimnasios.
El 28 de marzo de 2019 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social resolvió, determinando que bajo criterio de la Autoridad Laboral la empresa tenía que aplicaros el convenio colectivo de locales de espectáculos y deportes de la provincia de Zaragoza, y levantando acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, por infra cotización empresarial en los últimos cuatro años, de 245.000 €.
Forus optó por oponerse al criterio de la Inspección de Trabajo e impugnar la resolución administrativa y, con posterioridad, acudir a la vía del proceso judicial contencioso administrativo con una única intención: demorar al máximo la aplicación de un convenio colectivo que debería haber aplicado desde el inicio de su actividad en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza y lesionar vuestros derechos e intereses.
Ante esta situación, y con el deseo de agotar todas las vías legales para que el convenio colectivo se aplique, UGT ha decidido interponer contra la empresa una demanda judicial por la vía del conflicto colectivo.