Desde la Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) expresamos nuestro más enérgico rechazo a las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cuestionando la imparcialidad de Radiotelevisión Española (RTVE) y justificando la decisión de su candidata a las elecciones extremeñas, María Guardiola, de no acudir al debate electoral organizado por TVE.
Feijóo afirmó que RTVE “no da un mensaje de imparcialidad” y respaldó “política y personalmente” a su candidata al rechazar participar en el debate público, una decisión que supone un desprecio injustificable hacia una corporación pública cuya función es garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural, neutral y verificada.
Recalcamos que RTVE es un servicio público, no un instrumento partidista, y que las críticas políticas no pueden utilizarse para cuestionar la legitimidad de una institución pública ni para erosionar la confianza social en ella.
Para la AGP-UGT, los ataques reiterados contra RTVE constituyen una estrategia de presión que pretende desacreditar el servicio público y condicionar su desempeño informativo.
Debates electorales: obligación democrática, no recurso táctico
La decisión de no acudir al debate televisado no solo afecta al pluralismo informativo, sino que limita el derecho de la ciudadanía a contrastar propuestas. Defendemos que el debate electoral es parte esencial del proceso democrático y forma parte de los mecanismos que garantizan el acceso a información fiable y equilibrada. Por eso defendemos que debe ser obligatoria la asistencia cuando se trate de un medio público, ya sea estatal o autonómico.
RTVE como objetivo político
Advertimos de que la ofensiva contra RTVE se inscribe en una dinámica más amplia de presión política destinada a deslegitimar a los medios públicos cuando su actividad informativa no se alinea con determinados intereses partidistas y, especialmente, cuando sus audiencias cuestionan el dominio de las televisiones generalistas, históricamente orientadas hacia el espectro conservador.
La crítica a los contenidos periodísticos es legítima, pero la manipulación política de esa crítica para intentar socavar la confianza en RTVE constituye una amenaza seria para el pluralismo democrático.
Recordamos que el trabajo periodístico de RTVE está avalado por mecanismos legales de control y supervisión independientes, y que las decisiones editoriales deben tomarse con criterios profesionales, no partidistas.
Manipulación política en televisiones autonómicas: doble discurso y deterioro democrático
Denunciamos el doble estándar político de quienes acusan a RTVE de manipulación mientras, al mismo tiempo, han establecido modelos informativos claramente partidistas en las televisiones autonómicas que controlan.
Consideramos casos especialmente graves:
- Telemadrid, donde, según trabajadores, se han ejercido presiones editoriales constantes y existe una deriva informativa que prioriza la confrontación partidista.
- RTVA (Andalucía), con criterios informativos sometidos a decisiones políticas que afectan a la pluralidad.
- À punt (Valencia) los criterios políticos han primado sobre las decisiones de los profesionales
- Televisión de Galicia, CSAG y su modelo impulsado por Feijóo desde hace muchos años y continuado por Alfonso Rueda.
- Radio Televisión Canaria y la posible aprobación de una nueva ley que abra la puerta a la privatización de los servicios informativos.
Recordamos que, cuando los medios públicos se convierten en herramientas gubernativas, no solo se destruye su función social, también se destruye la confianza de la ciudadanía en la democracia.
Llevamos años alertando del desmantelamiento de los medios públicos
Advertimos que los ataques a RTVE no son episodios aislados, sino parte de un proceso más amplio y sostenido de debilitamiento de los medios públicos.
Llevamos años alertando de que el desmantelamiento del servicio público, a través de recortes, privatización y presión política, constituye una amenaza directa para la democracia.
Denunciamos tres tendencias principales:
- Privatización encubierta, mediante externalización y subcontratación.
- Precarización laboral, que debilita la calidad y pluralidad informativa.
- Menor presencia territorial, que reduce la información de proximidad y la cohesión social.
Un medio público precarizado, sin recursos y sometido a injerencias deja de ser un servicio democrático y se convierte en una estructura decorativa.
Defensa del servicio público
Reclamamos un compromiso político explícito con la sostenibilidad y el fortalecimiento del servicio público, mediante:
- Financiación estable y suficiente.
- Gobernanza independiente y transparente.
- Plantillas profesionales estables y cualificadas.
- Producción propia con al menos un 51% de recursos humanos y técnicos propios.
- Mecanismos de control democrático no partidista.
Afirmamos que la independencia de un medio público no se garantiza con discursos: se garantiza con recursos, transparencia y derechos laborales.
Compromiso institucional y responsabilidad democrática
Solicitamos a todas las formaciones políticas, de cualquier signo, que se comprometan públicamente a no utilizar los medios públicos como herramienta de confrontación ni como botín institucional tras cada cambio de gobierno.
Proteger los medios públicos no es defender a una empresa: es defender el derecho de la ciudadanía a una información plural, accesible y de calidad. Sin medios públicos fuertes e independientes, la democracia se debilita y el debate público se empobrece
