UGT ha presentado una contribución detallada en la consulta pública lanzada por la Comisión Europea para evaluar y modernizar la Comunicación de 2009 sobre ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión. Este proceso es crucial para adaptar las normas a la realidad digital y asegurar que los medios de servicio público (PSM) sigan cumpliendo su papel esencial en las democracias europeas.
Desde una perspectiva jurídica y estratégica, UGT subraya que el marco de 2009 ha proporcionado estabilidad y seguridad jurídica durante más de una década. Sin embargo, los profundos cambios tecnológicos, económicos y regulatorios en el ecosistema audiovisual hacen necesaria una actualización que preserve los principios fundamentales —como la proporcionalidad y la prevención de sobrecompensación— pero que evite inseguridades y cargas desproporcionadas en la aplicación práctica.
UGT centra parte de su análisis en la situación española, señalando que la falta de un mandato marco actualizado para RTVE desde 2017 y la ausencia de contratos-programa desde 2007 debilitan la claridad del servicio público, la previsibilidad financiera y la rendición de cuentas. Esta opacidad limita la capacidad de evaluar costes y cumplimiento, y afecta directamente a la estabilidad editorial y laboral de la corporación.
En materia de financiación, advierte que la infrafinanciación estructural —con recortes unilaterales que han superado los 200 millones de euros en algunos ejercicios— representa un riesgo tan grave como la sobrecompensación. UGT aboga por una financiación «suficiente, estable y predecible» que permita a los PSM innovar, mantener empleos de calidad y cumplir su mandato en todas las plataformas, sin comprometer su independencia.
Otro punto clave es la necesidad de revisar los procedimientos de evaluación previa de nuevos servicios, que actualmente generan inseguridad jurídica, retrasos perjudiciales para la innovación y efectos adversos sobre el empleo y la planificación estratégica. UGT propone limitar estas evaluaciones a supuestos claros, con criterios precisos y plazos predecibles, vinculados a mandatos y contratos-programa bien definidos.
En definitiva, UGT reclama un marco europeo modernizado que refuerce la seguridad jurídica, garantice la estabilidad financiera y editorial de los medios públicos, y reconozca explícitamente su función como infraestructura democrática esencial. En un entorno digital marcado por la desinformación y la concentración de poder, asegurar el futuro de los PSM no es una distorsión del mercado, sino una inversión imprescindible en pluralismo, cohesión social y democracia.
