Desde UGT Sector de Comunicaciones y Cultura reafirmamos nuestro compromiso con los servicios de medios públicos, tanto autonómicos como la estatal, como pilares fundamentales de la democracia y la pluralidad informativa. La externalización de servicios, la manipulación informativa y los procesos de digitalización sin garantías están debilitando su función social y comprometiendo su independencia. Por ello, reclamamos medidas urgentes que aseguren su viabilidad y fortalezcan su papel en la sociedad.
Manipulación informativa: la necesidad de medios independientes
El derecho a una información veraz y objetiva es fundamental en democracia. Sin embargo, en diversos medios públicos persisten prácticas que afectan a la imparcialidad y la credibilidad informativa, poniendo en riesgo su función social. Desde UGT, reclamamos medidas efectivas para blindar la independencia editorial, fortalecer los controles internos y dotar a los profesionales de herramientas que les protejan de presiones externas, sean políticas o económicas.
La Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EFMA) son marcos normativos esenciales para reforzar la transparencia y autonomía de los medios públicos. La EFMA establece estándares claros para garantizar la independencia frente a injerencias externas, promueve la transparencia en la propiedad mediática y refuerza la protección para los periodistas. Su aplicación en España debe ser prioritaria, adaptando sus principios a la realidad de nuestro sistema de medios públicos.
La EFMA también aborda la prohibición de vigilancia arbitraria de periodistas, la protección de fuentes informativas y garantía de pluralismo. Estas medidas resultan especialmente relevantes cuando la desinformación y manipulación están en auge. Para que estas normas sean efectivas, es imprescindible que les acompañe una gobernanza transparente y participación activa de los profesionales en la toma de decisiones.
Lucha contra la desinformación: garantizar información de calidad y en la que confiar
En un contexto caracterizado por la proliferación de bulos y noticias falsas, los medios públicos se consolidan como elemento esencial en la lucha contra la desinformación. Su compromiso con la veracidad y el rigor periodístico los posiciona como pilar fundamental para contrarrestar la manipulación informativa, que genera un impacto negativo en la sociedad. Es necesario reclamar una financiación adecuada y estable que permita a las televisiones públicas seguir ofreciendo información contrastada y de calidad.
Los muros de pago de los medios privados representan una barrera que limita el acceso de parte de la población a información rigurosa. Esta restricción económica no solo excluye a quienes no pueden costearse suscripciones, sino que profundiza las desigualdades en el acceso al conocimiento y la participación ciudadana. Las y los profesionales que trabajan en las televisiones públicas desempeñan un papel crucial en la defensa de la democracia, garantizando que la información llegue a todos los ciudadanos independientemente de su situación económica.
Externalización: una amenaza al servicio público
Denunciamos la creciente externalización de servicios informativos y de producción de contenidos en los distintos medios públicos, práctica que pone en riesgo la calidad e independencia informativa y ha debilitando el papel de los medios públicos como garantes de un servicio esencial.
La consecuencia directa es la precarización laboral en estas productoras, donde los y las profesionales en muchas ocasiones se enfrentan a condiciones indignas. Son prácticas habituales en el sector la temporalidad, las jornadas excesivas, los riesgos para la salud mental y la utilización de falsos autónomos, prácticas que vulneran los derechos básicos de las personas trabajadoras.
Es fundamental revisar el modelo de externalización descontrolada y apostar por políticas que impulsen una producción propia y sostenible. Para ello, es necesario garantizar el cumplimiento de las normativas de contratación pública y reforzar los mecanismos de supervisión para evitar prácticas opacas. Las licitaciones deben incluir cláusulas de garantía social que prioricen a empresas que respeten la negociación colectiva, fomenten la igualdad y la conciliación, y no tengan sanciones laborales. Además, se debe exigir documentación detallada sobre su solvencia y condiciones laborales, junto con informes de seguimiento que acrediten el cumplimiento de estos compromisos. En caso de incumplimiento, el contrato debe rescindirse. Los medios públicos tienen la responsabilidad de garantizar transparencia y buenas prácticas, asegurando que su gestión responda al interés social y no a beneficios privados.
Organización territorial: defender la información de proximidad
Las televisiones autonómicas cumplen un papel fundamental en la cohesión social y en el derecho a la información de proximidad, acercando a la ciudadanía realidades que, de otro modo, quedarían invisibilizadas. Reclamamos una apuesta decidida por la información de proximidad, garantizando la presencia de medios públicos en todos los territorios con financiación adecuada y estable.
La presencia de CRTVE en todo el territorio nacional, con sus desconexiones territoriales, ejemplifica cómo los medios públicos pueden combinar cobertura nacional con atención a realidades regionales. Es imprescindible que este modelo se sustente en financiación suficiente y en plantilla estable y formada, capaz de responder a necesidades informativas sin caer en precarización.
La defensa de la información de proximidad no es solo cuestión de calidad periodística, sino de democracia. Los medios públicos son el contrapeso necesario frente a la concentración mediática privada y garantizan que todas las voces tengan espacio en el debate público. Urge revertir los recortes que han debilitado estos medios y apostar por un modelo que priorice el servicio público sobre intereses económicos.
IA y Digitalización: los derechos, primero
El avance tecnológico y la digitalización deben estar al servicio del periodismo y de la ciudadanía, pero no pueden representar un aumento de la precarización laboral. La introducción de la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías en los medios públicos debe ir acompañada de una inversión sólida en recualificación profesionales, adaptación de los perfiles y diálogo constante con los representantes de los trabajadores. Estos procesos se deben desarrollar con criterios éticos, transparencia, de reparto de la productividad y sin menoscabo de los derechos laborales.
La IA, aplicada en procesos empresariales o corporativos, ya sea en la selección de recursos humanos, la gestión algorítmica de personas o en la generación de contenidos, plantea tanto oportunidades como desafíos. Por un lado, puede optimizar tareas repetitivas, mejorar la eficiencia y ofrecer herramientas innovadoras para la creación de contenidos. Sin embargo, también conlleva riesgos significativos, como la perpetuación de sesgos algorítmicos que pueden afectar a la diversidad, la equidad y la inclusión en el ámbito laboral y en la información que se ofrece al público. Estos sesgos, muchas veces inadvertidos, pueden reproducir estereotipos o discriminaciones, lo que exige un control riguroso y una supervisión humana constante. Del mismo modo, el objetivo de estos sistemas debe ser automatizar tareas repetitivas y de bajo valor añadido, no aumentar indiscriminadamente el control y el ritmo de trabajo ni suponer una suerte de vigilancia intrusiva y constante.
En el ámbito periodístico, la IA no puede sustituir el criterio, la ética y la sensibilidad de las y los profesionales. Su uso debe ser un soporte complementario o aumentativo, nunca sustitutivo, y siempre bajo la supervisión de periodistas formados y capacitados para garantizar la calidad y la veracidad de la información. Además, es fundamental que la implementación de estas tecnologías no se traduzca en recortes de plantilla o en la desprofesionalización del sector, sino en una mejora de las condiciones laborales y en la creación de nuevos perfiles especializados. La IA debe mejorar la cantidad y calidad del empleo, no ir en sentido contrario. La innovación debe ir de la mano de la negociación colectiva, la formación continua y el respeto a los principios éticos y democráticos.
