La transformación digital de las radiotelevisiones públicas autonómicas avanza con rapidez, pero no siempre con las garantías necesarias. Un reciente informe de la consultora especializada AVC Audiovisual Compliance, titulado Plataformas OTT autonómicas: ¿Cumplen con la normativa audiovisual?, analiza 22 plataformas públicas y concluye que ninguna cumple íntegramente la legislación vigente en materia audiovisual, digital y de protección de las personas usuarias.
El estudio muestra un patrón generalizado de cumplimiento parcial en ámbitos clave como la transparencia informativa, la identificación fiscal, la protección de menores o las obligaciones derivadas de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley del Cine. En algunos casos, incluso se detecta incumplimiento inexistente en aspectos básicos, lo que expone a los entes públicos a sanciones económicas y, sobre todo, a un deterioro de la calidad del servicio público.
La expansión de las plataformas OTT autonómicas responde a una demanda social evidente: acceder a contenidos audiovisuales en cualquier momento, desde cualquier lugar y en las lenguas propias. Sin embargo, esta evolución tecnológica no puede hacerse a costa de rebajar estándares legales ni de protección a la ciudadanía. La digitalización del servicio público debe ser sinónimo de más derechos, más transparencia y más calidad, no de lagunas normativas.
El informe apunta a un problema estructural: la digitalización se está abordando en muchos casos sin los recursos humanos y técnicos suficientes. La falta de perfiles especializados, de equipos jurídicos adaptados al entorno digital o de inversiones sostenidas en cumplimiento normativo acaba trasladándose a las plantillas y al propio servicio, generando riesgos laborales, organizativos y reputacionales.
Por ello, es imprescindible apostar por empleo estable y de calidad, el refuerzo de las plantillas públicas y la internalización de funciones estratégicas en el ámbito digital audiovisual. A ello debe sumarse una política decidida de formación interna continua, que permita a las y los profesionales actualizar sus competencias tecnológicas, jurídicas y de producción digital sin depender de externalizaciones.
Cuando la contratación externa sea necesaria, debe hacerse bajo criterios estrictos de responsabilidad pública: pliegos de licitación que garanticen el cumplimiento íntegro de la normativa audiovisual y digital, así como el respeto a los convenios colectivos y a los derechos laborales en toda la cadena de producción y prestación de servicios.
Además, no puede olvidarse que estas plataformas están financiadas en gran medida con recursos públicos. Esto obliga a las administraciones y a las direcciones de los entes audiovisuales a ser ejemplares en el cumplimiento de la ley, a garantizar condiciones laborales dignas y a asegurar que la transición digital no se traduzca en precarización ni en externalizaciones sin control.
La modernización digital de las radiotelevisiones públicas autonómicas es una oportunidad para fortalecer el servicio público, el empleo de calidad y el acceso universal a la cultura y la información. Pero para ello es imprescindible situar en el centro el cumplimiento normativo, los derechos laborales, la formación de las plantillas y el interés general de la ciudadanía.
