El Comité Económico y Social Europeo alerta de la precariedad en las redacciones y reclama a gobiernos y empresas medidas urgentes para proteger a periodistas
La Agrupación de Periodistas de UGT (AGP-UGT) valora el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre los derechos laborales de los periodistas como una advertencia institucional de primer nivel: la degradación de las condiciones de trabajo en el periodismo no es un problema corporativo, es una amenaza directa al derecho de la ciudadanía a recibir información fiable, plural e independiente.
El dictamen, aprobado en el pleno del CESE describe un entorno cada vez más hostil para el ejercicio del periodismo en Europa, con precariedad, presión, amenazas —también digitales— y deterioro de la salud mental. Su mensaje central es inequívoco: sin empleos dignos, negociación colectiva y protección efectiva, la independencia editorial se debilita y la democracia paga la factura.
La precariedad como palanca de presión y autocensura
El CESE recuerda que, según las últimas cifras disponibles, en los Estados miembros de la UE trabajan alrededor de 400.000 periodistas (un 0,2% del empleo total). Entre un 20% y un 30% son profesionales autónomos, a menudo los más expuestos a la inseguridad y a prácticas abusivas que el dictamen denuncia con claridad: falso trabajo autónomo, ausencia de cobertura social suficiente, honorarios insuficientes, imposibilidad real de conciliar y carreras profesionales cada vez más cortas.
Cuando el empleo se vuelve frágil, la libertad se encoge. La precariedad actúa como una palanca silenciosa: quien teme perder el trabajo es más vulnerable a presiones comerciales, políticas o empresariales; y quien encadena encargos sin derechos tiene menos margen para investigar, contrastar y sostener un pulso profesional frente a injerencias. El dictamen conecta esa realidad con un fenómeno que atraviesa fronteras: la autocensura y la “violencia psicológica”, incluyendo campañas de descrédito, intimidación y hostigamiento.
Para la AGP-UGT, este diagnóstico coincide con lo que venimos denunciando: la calidad informativa no se sostiene con discursos grandilocuentes, sino con plantillas estables, salarios justos, tiempos de trabajo razonables y autonomía profesional respaldada por convenios.
Salud mental, acoso y sobrecarga digital: el coste humano de la noticia
El CESE pone el foco en una dimensión que ya no puede tratarse como un asunto secundario: los riesgos psicosociales. Estrés crónico, síndrome de desgaste profesional, acoso en línea, “sobrecarga digital” y jornadas que se estiran por la exigencia de disponibilidad permanente —en un ecosistema contaminado por la desinformación— componen un paisaje laboral que enferma.
El dictamen cita encuestas y análisis que apuntan a que el desgaste profesional es significativo en el sector y que una parte importante de periodistas se plantea abandonar la profesión. La AGP-UGT subraya que esta realidad exige medidas concretas: evaluación de riesgos psicosociales en los centros de trabajo, protocolos frente al acoso (incluido el digital), recursos de apoyo, y respeto efectivo al derecho a la desconexión.
No hablamos de “sensibilidad”: hablamos de prevención, de salud laboral y de cumplimiento de obligaciones empresariales.
Negociación colectiva y fin de los falsos autónomos
El dictamen es explícito al pedir a los gobiernos que impulsen el diálogo social y la negociación colectiva para todos los periodistas, incluidos los autónomos, y que combatan el fenómeno de los falsos autónomos. También llama a aplicar de forma plena la Directiva marco europea de seguridad y salud en el trabajo (89/391/CEE) en el sector de los medios, reforzando la prevención y el cumplimiento real “sobre el terreno”.
La AGP-UGT insiste: la negociación colectiva no es un adorno, es el mecanismo democrático que equilibra fuerzas en un sector donde la precariedad se utiliza demasiado a menudo para abaratar costes a costa de derechos. Y sin derechos no hay independencia: hay miedo, resignación y periodismo a la defensiva.
Plataformas y concentración: cuando el mercado asfixia el pluralismo
El CESE alerta de un problema estructural: el dominio de plataformas en línea estadounidenses de muy gran tamaño que concentran más del 80% de los ingresos publicitarios digitales. Este desequilibrio afecta a la sostenibilidad del periodismo europeo, agrava los recortes, reduce empleo de calidad y favorece un entorno propicio para la concentración empresarial, que puede perjudicar el pluralismo informativo.
Por ello, el dictamen pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros un mecanismo de apoyo independiente para los medios —además de subvenciones existentes— e incluso plantea medidas como la reducción del IVA. También solicita que la Comisión use sus competencias en competencia para frenar procesos de concentración que dañen la diversidad y el pluralismo.
Para la AGP-UGT, la sostenibilidad del periodismo debe construirse con reglas claras y con transparencia, no con dependencia, favores ni precarización.
Publicidad institucional: transparencia sí, dependencia no
En este contexto, la AGP-UGT considera relevante el anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público aprobado por el Consejo de ministros, que busca “transparencia, objetividad y no discriminación” y se alinea con el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios (EMFA), ya en vigor.
Entre sus elementos, destaca el límite: la publicidad del sector público no podrá superar el 35% de los ingresos totales de un medio, computando la procedente de todas las administraciones. El texto contempla excepciones para medios y plataformas con cifra de negocios inferior a 2 millones de euros y una audiencia concentrada al menos en un 70% en un ámbito de hasta tres comunidades autónomas limítrofes, con certificación anual por un agente externo independiente.
El anteproyecto prevé también un registro de medios gestionado por la CNMC, con obligación de revelar estructura de propiedad y fuentes de financiación pública, incluida la publicidad institucional, y refuerza la obligación de publicar el reparto por medio. Además, señala que el incumplimiento del límite impediría acceder a publicidad de la Administración General del Estado. Todo ello se produce en un escenario donde el presupuesto anual de publicidad de la Administración General del Estado alcanza 155 millones de euros, cifra que podría elevarse a 270 millones si se incluyen grandes empresas públicas.
La AGP-UGT defiende que la publicidad institucional debe ser transparente y verificable, pero advierte: la transparencia, por sí sola, no sustituye a los derechos laborales ni garantiza un ecosistema informativo sano si el empleo sigue precarizado.
Lo que exigimos
A la vista del dictamen del CESE y del debate normativo en curso, la AGP-UGT reclama:
- empleo estable y salarios dignos en redacciones y medios, con negociación colectiva real.
- medidas efectivas contra los falsos autónomos y la precarización encubierta.
- prevención integral de riesgos laborales, con especial atención a los riesgos psicosociales y el acoso digital.
- garantías de independencia editorial ligadas a condiciones de trabajo, no a declaraciones retóricas.
- transparencia en financiación pública y publicidad institucional, con controles y rendición de cuentas.
- políticas europeas y nacionales que frenen concentración y corrijan el desequilibrio del mercado publicitario digital.
La conclusión es sencilla y urgente: proteger a quienes informan es proteger el derecho a estar informados. Sin derechos laborales para periodistas, la libertad de prensa se convierte en un eslogan vacío. Y una democracia no puede permitirse ese lujo.
