SEVILLA | La Sección Sindical de UGT en la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha anunciado formalmente su decisión de no participar en la convocatoria de paros parciales. Tras las últimas reuniones mantenidas entre el comité de huelga y la Dirección, el sindicato ha optado por priorizar la estabilidad legal del proceso de empleo y la defensa del Convenio Colectivo frente a propuestas que considera jurídicamente vulnerables.
Alteración de las reivindicaciones y desviación de objetivos
La organización sindical sostiene que las movilizaciones han experimentado un cambio sustancial en sus «reglas del juego». Aunque inicialmente se apoyaron las medidas de presión para garantizar la inversión tecnológica y la producción propia, UGT señala que el foco se ha desplazado hacia la imposición de un concurso de méritos extraordinario para personal que no cumple los requisitos legales de fraude de ley.
Esta medida, según denuncia la sección sindical, pretende detraer plazas del cupo general de la oferta de empleo público, desvirtuando el concepto de estabilidad que originalmente se vinculaba a una Oposición Libre y legal.
Consolidación técnica de la oferta de empleo
A pesar del entorno de conflicto, la labor técnica de la sección sindical de UGT-RTVA ha permitido concretar una oferta de 246 plazas, distribuidas de la siguiente forma:
- 131 plazas derivadas de las tasas de reposición de los años 2021 a 2024.
- 61 plazas autorizadas al 100% bajo la tasa de reposición de 2025.
- 38 plazas adicionales calculadas sobre el 20% del cupo acumulado.
- 16 plazas de las bajas de 2026, incorporadas tras detectarse un error de conteo en ejercicios previos, lo que el sindicato califica como un éxito exclusivo de su gestión.
Riesgos jurídicos y parálisis del Convenio
La principal advertencia de UGT-RTVA se centra en la posible impugnación y anulación judicial del proceso. Basándose en dictámenes jurídicos externos, la organización alerta de que un concurso de méritos sin plenas garantías constitucionales de capacidad podría bloquear el futuro de los aspirantes en los juzgados durante años, dejando a la plantilla en una situación de indefensión absoluta.
Asimismo, el sindicato denuncia que para ejecutar el plan actual, otras fuerzas sindicales pretenden la suspensión de los artículos 15 al 20 del Convenio Colectivo. Esta medida supondría:
- La paralización de los derechos de traslado para el personal fijo.
- La anulación de los procesos de promoción interna y superiores categorías.
Falta de transparencia y compromiso institucional
UGT-RTVA ha criticado la opacidad en la gestión de las plazas, señalando que ni la Dirección ni los sindicatos proponentes han aclarado con exactitud cuántas vacantes se verían afectadas ni a qué categorías impactarían. Ante este escenario, la organización ha reafirmado su postura de no avalar un proceso que considera ilegal y que antepone intereses particulares a la seguridad jurídica de los más de 1.200 trabajadores de la agencia pública.
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